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DECRETO PRONUNCIADO POR LA MAGISTRADA SILVIA SALAME - 25 de julio 2008

Decreto Expediente 18149-37-RII
Expediente 2008-18149-37-RII

a, 21 de julio de 2008
En atención a lo determinado por el AC 453/2005-CA-Bis de 22 de septiembre, que estableció que “…se debe tener en cuenta que cuando el art. 60.1 de la LTC establece como requisito de contenido la mención de la norma impugnada y su vinculación con el derecho que estima lesionado, no cabe duda que el derecho al que se alude es el de una de las partes del proceso principal y no del juez o tribunal; por tanto, si el recurso promovido está básicamente sustentado en la lesión de un derecho, sería contrario al sistema de garantías procesales que quien invoque este derecho en la promoción del recurso no sea considerado parte. De lo expuesto, se concluye que en el recurso incidental de inconstitucionalidad, la parte que plantea el recurso tiene legitimación activa” en ese entendido, téngase por apersonado a Arturo Murillo Prijic, a efecto de hacerle conocer ulteriores providencias.
Al I.- Se considerará, oportunamente.
A los puntos II y III.- NO HA LUGAR a la solicitud de devolución del expediente a la Corte Nacional Electoral, toda vez que la resolución de rechazo enviada en consulta no ha sido sometida a análisis, ante la falta de designación de Magistrados por parte del Congreso Nacional.
Empero, como la jurisprudencia constitucional es vinculante conforme señaló la SC 1781/2004-R de 16 de noviembre, que estableció: “(…)Los arts. 4 párrafo segundo y 44.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), establecen que la jurisprudencia como la doctrina constitucional boliviana creada a través de la interpretación constitucional que desarrolla el Tribunal Constitucional, tiene fuerza vinculante y es de cumplimiento obligatorio para los poderes públicos, eficacia que hace posible que el Tribunal pueda garantizar la supralegalidad de la Constitución; lo que no debe confundirse con el efecto erga omnes de sus resoluciones. Pues, éste expresa que tal decisión tiene alcances generales; en cambio, el efecto vinculante manifiesta que todas las autoridades, jueces y tribunales aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional, en toda clase de procesos cuyos supuestos fácticos son análogos; habrá de tener presente que el efecto erga omnes se genera en la parte resolutiva de la sentencia, en cambio el carácter vinculante emerge de la ratio decidendi de la sentencia, pues es en esta parte en la que se crean las subreglas que por la doctrina constitucional se convierten en precedentes obligatorios.
III.2.A fin de entender la vinculatoriedad de la interpretación constitucional desarrollada por la jurisdicción constitucional, es necesario referirse a dos aspectos básicos:
1) El respeto a los precedentes por parte del propio juez o tribunal, como por los demás jueces y tribunales inferiores, que preserva la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico; protege los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas evitando variaciones injustificadas o caprichosas de los criterios de interpretación; precautela el valor supremo de la igualdad, impidiendo que casos iguales, con identidad de los supuestos fácticos, sean resueltos de manera distinta; ejerce control de la propia actividad judicial, imponiendo a los jueces y tribunales mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos. Empero, cabe advertir que esta obligatoriedad de los precedentes no es un valor absoluto, pudiendo los jueces y tribunales apartarse de sus propios precedentes sin importar discrecionalidad, sino con la limitación de la debida y adecuada fundamentación de las razones que llevan a distanciarse de sus decisiones previas, por lo que el principio del stare decisis o estarse a lo resuelto en casos anteriores, no es absoluto.
2) La posición de la jurisprudencia constitucional en el sistema de fuentes del Derecho.- Al respecto, cabe destacar que la doctrina constitucional contemporánea le otorga un lugar esencial como fuente directa del Derecho, por lo que se constituye en vinculante y obligatoria para el resto de los órganos del poder público, particularmente para jueces y tribunales que forman parte del poder judicial, cuya base y fundamento es la fuerza de la cosa juzgada constitucional que le otorga el Constituyente a las sentencias proferidas por la jurisdicción constitucional, tanto en su parte resolutiva o decisum, como en sus fundamentos jurídicos que guarden una unidad de sentido con la parte resolutiva, de forma que no se pueda entender ésta sin la alusión a aquéllos, es decir la ratio decidendi o razón de la decisión”; en consecuencia, los Autos Constitucionales, citados por el incidentista, referidos al trámite procesal y los efectos de la resolución pronunciada por el Tribunal consultante –hoy Corte Nacional Electoral- deben ser cumplidos por este Tribunal y por el resto de los órganos del poder público, sean jueces o tribunales que forman parte del Poder Judicial, así como por las autoridades administrativas.
Al otrosí 1.- Por acompañada la documental señalada.
Al otrosí 2.- Constitúyase como domicilio procesal la Oficina de Notificaciones de este Tribunal.
Al más otrosí.- Se tiene presente.


COMISIÓN DE ADMISIÓN
Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MAGISTRADA RESPONSABLE




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